En el día a día empresarial, la gestión de pagos pendientes es un desafío que impacta directamente en la liquidez y estabilidad de la compañía.
En este artículo descubrirás qué es el cobro jurídico, por qué puede convertirse en una carga para las empresas y cuáles son las medidas cautelares más eficientes para optimizar el proceso de cobranza.
¿Qué es un cobro jurídico?
El cobro jurídico es un proceso de cobranza que aplica tanto a empresas como a personas naturales. Este proceso ejecutivo sucede cuando la deuda no fue saldada durante la fase de cobro prejurídico o durante los intentos de cobro persuasivo.
El cobro judicial es un procedimiento legal regido por las normas del Código General del Proceso. Debe realizarse con un abogado especializado, quien presenta la demanda ante un juez, acompañada de un título valor que demuestre la deuda.
A la hora de tomar la decisión de iniciar el proceso es importante tomar en cuenta los gastos que genera el trámite judicial y los honorarios del abogado. Antes de llegar a esta instancia, es recomendable aplicar diferentes estrategias de cobranza que permitan recuperar la deuda sin necesidad de procesos judiciales.
¿Cuándo se inicia un proceso de cobro jurídico a un deudor?
Este tipo de proceso legal se usa cuando el monto de la deuda es considerable y no se llega previamente a un acuerdo de pago al momento en que el acreedor intenta recuperar su deuda impaga. El proceso puede iniciarse desde el primer día posterior al vencimiento de la obligación, solo si cuenta con un título ejecutivo.
Aunque es habitual entre personas naturales y empresas, en algunos casos también se utiliza en entidades financieras para productos que han caído en mora (tarjetas de crédito, cuentas bancarias, planes de pago, títulos valores).
En cualquier caso, el deudor debe pagar la suma completa junto con los intereses moratorios. Cuando se admite la demanda, el juez libra un mandamiento de pago y decide la forma en que se llevará a cabo el pago de la obligación pendiente. Esto marca el inicio formal del proceso ejecutivo.
Riesgos y consecuencias del proceso judicial
Optar por el cobro judicial no solo implica acudir a instancias legales, sino que también puede generar efectos negativos tanto para la empresa como para el deudor. Estos son algunos de los principales riesgos y consecuencias:
- Inversión en tiempo y dinero: gastos judiciales que incluyen tasas, honorarios y otros costos.
- Afectación en la relación comercial: el cobro judicial puede deteriorar la relación con el cliente.
- Reporte negativo en centrales de riesgo: el deudor permanece visible durante varios años, afectando su historial crediticio.
- Posible embargo de bienes: si no se paga la deuda, se pueden embargar bienes para garantizar el pago.
- Restricciones financieras y bancarias: se pueden aplicar otras limitaciones económicas.
¿Existen alternativas más eficientes al cobro jurídico?
Aunque el cobro jurídico sigue siendo una herramienta válida para recuperar deudas, no siempre es la opción más eficiente para las empresas. Sus altos costos judiciales y el tiempo que implica lo convierten en una alternativa poco atractiva.
Por eso, muchas organizaciones buscan soluciones modernas y efectivas que optimicen sus procesos de recuperación. Un ejemplo de esto es la infraestructura de cobranza inteligente de Colektia, que permite gestionar la cartera de manera más ágil y automatizada.
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Entre sus ventajas principales destacan:
- Automatización del proceso de cobro: reduce tiempo y esfuerzo manual.
- Identificación del mejor canal de contacto: aumenta la probabilidad de pago.
- Optimización de negociaciones: facilita acuerdos de pago sin necesidad de juicios.
Con estas herramientas, las empresas pueden recuperar sus créditos de forma más rápida y eficiente, minimizando costos y riesgos asociados al cobro judicial.
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